El dia viernes 5 de Septiembre se publicó en La Nacion la columna de Carlos Pagni titulada "Un sospechoso silencio oficial" donde se describe claramente las conexiones políticas de la causa abierta por el Juez Oyarbide por los medicamentos adulterados. La causa trata sobre medicamentos oncológicos y retrovirales (HIV) que fueron adulterados, disminuyendo o suprimiendo la concentración de su principio activo, es decir de la droga principal, para disminuir los costos de fabricación. Los medicamentos fueron entregados a los enfermos para su consumo, y se cobraron luego a las obras sociales.
Al tratarse de enfermos con patologías de alto costo y baja incidencia, la obra social traslada estas compras a la APE (Administracón de Programas Especiales) que se encarga del pago de estos medicamentos. Es decir que la Obra Social no paga sino que presenta el gasto ante la APE, autorizándo de alguna manera el pago al proveedor.
El primer indicio de la existencia de la estafa comienza en el propio médico especialista, que ve como su paciente no mejora. Luego sigue con el auditor médico de la obra social, que recibe las quejas de los profesionales, y continúa su camino ascendente hacia el encargado de compras o de farmacia, que es el responsable de la elección del proveedor.
El negocio comenzó en forma virtual ya que el pago se realizaba contra papeles, porque no había productos ni pacientes involucrados. Es decir se generaban pacientes, indicaciones, expedientes y troqueles de medicamentos, todos ellos falsos, para generar pagos verdaderos.
Por alguna razón, este negocio virtual dejó de ser factible y alguien decidió convertirlo en real. Tal vez no tuvo en cuenta que un paciente oncológico que toma medicamentos sin droga se muere. Quizás alguna Obra Social logró salir a tiempo cuando el negocio pasó de virtual a real, tal vez otras pensaron que las consecuencias no eran tan graves, pero me resulta dificil pensar que esto es algo aislado a la Obra Social Bancaria.
El negocio virtual es una estafa, donde el perjuicio que se comete es en contra del estado. El negocio real es un homicidio culposo, porque el paciente se muere. Se necesita el consentimiento de todos los involucrados: de algunos médicos, algunos auditores, del responsable de la compra de los medicamentos en la obra social, del sindicato que maneja la obra social, de la droguería, de los funcionarios que controlan las droguerías y de los funcionarios que autorizan el pago de los tratamientos. Todos son participes necesarios de un delito donde, repito, la gente se muere.
¿Cuantos pacientes habrán muerto? ¿Cuántos habrán sufrido dolores y padecimientos evitables? ¿Cuantos padres, hijos, esposos y esposas habrán observado en silencio el dolor de su ser querido?
Cuanto pacientes estarán hoy mirando la etiqueta de su medicamento, pensando que podrían estar mejor de lo que están, pensando que podrían vivir un poco más. Cuanta responsabilidad le cabe a un Ministro de Salud cuando declara que "quizás el 10% de los medicamentos en el mercado es falso". Cuanta responsabilidad le cabe al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) o a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
No nos olvidemos que el responsable detenido, el sindicalista acusado y uno de los tres muertos de la causa de la efedrina hicieron aportes a la campaña presidencial.
Creía que el dengue era un problema. Luego pensé que la Gripe A era otra cara de la viveza criolla. Ahora estoy convencido que estamos ante personas a las que la vida humana no les importa en absoluto. Tengamos cuidado.
