El Derecho a la Salud

En los últimos meses escuché demasiados “Todos tenemos Derecho a la Salud”, y “La Salud es un Derecho Inalienable”, o “Vamos a darle Salud a todos los Argentinos” y cientos de otras frases hechas que me remitieron a la conocida aficción de nuestros políticos por los brindis. Pero no, esa catarata de creatividad resultó el saldo de la interminable campaña electoral que, Gracias a Dios, terminó hace un par de semanas.

Entonces me pregunté, ¿qué derecho tengo sobre mi salud?, tratando de saber qué incluye este derecho y donde tengo que reclamar lo que me falta. La información que reuní después de una larga investigación puede resumirse en los siguientes conceptos.

En principio podemos comprender a la salud como un proceso complejo, con múltiples causas, dinámico y contínuo, que arroja como resultado múltiples estados posibles. Puede llevarnos desde el completo bienestar a una situación de total malestar. La buena salud se entiende como un estado de bienestar físico y psíquico en un marco social.

Si bien existen críticas a esta concepción por ser demasiado amplia e inespecífica, que genera dudas y excusas sobre su factibilidad operativa, debe comprenderse que este concepto de salud y enfermedad llevado adelante por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a mitad del siglo pasado (1948) no fué un aporte científico sino que consituyó un hecho ideológico y político.

En aquel momento predominaba el enfoque biologicista, que había pasado de su etapa bacteriológica al paradigma de los factores de riesgo, y la OMS buscaba una ruptura con esa concepción hegemónica para que los Estados se vieran jurídica y políticamente comprometidos en la asignación de recursos, tanto en los factores sociales y económicos determinantes para la salud, como en la atención específica de la misma. Esta nueva definición intentó quitarle a la corporación médica el manejo exclusivo de la salud para re-definirlo como un campo ínter-disciplinario que incluía los aspectos sociales y económicos del individuo.

La idea de la Salud como un derecho es netamente contemporanea e implica una paradoja, porque la existencia de este derecho tiene implicancias jurídicas e impacta en la vida concreta de las personas, ya que habilita a los titulares de ese derecho a exigir su cumplimiento, pero por otro lado solo puede alcanzarce ese cumplimiento efectivo con un enfoque comunitario que incluya acciones que no están directamente vinculadas a esa persona.

Y en este punto comienzan a aparecer los factores que se contradicen con la realidad: creer que todos seamos iguales frente al Estado y ante la ley por un lado, pero reconocer la desigualdad en el resto de las esferas de la vida por otro. La Salud es un derecho del que toda persona debe gozar como parte de su desarrollo pero, como lo indica la evidencia empírica, la Argentina muestra elevados niveles de desigualdad y de inequidad, tanto en la distribución de los procesos de mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad, como en el acceso a prestaciones médicas de calidad.

En nuestro país existen muchas formas de vivir, enfermar y morir según como nuestra comunidad esté inserta en la organización social y en la producción, y como se vincule con el resto de la sociedad en un momento histórico determinado. No quedan dudas al respecto y no admite hipocresías. Ni hablar del agua potable, la urbanización, la contaminación ambiental o las rutas de acceso, que impactan sobre la salud de una comunidad mucho más que un medicamento.

Esta realidad nos enfrenta al dilema de encontrar estrategias para mantener nuestra salud, y para eso es necesario definir como sociedad la naturaleza de este derecho.

Si planteamos la salud como un derecho concebido en términos individuales, y asimilado al de un “consumidor” de acciones de salud, este se torna funcional a la desigualdad en los procesos de salud y enfermedad general de la población, y en el acceso a la atención de la misma. La salud entonces se convierte en una mercancía que se compra y se vende en un mercado de oferentes y demandantes de prestaciones, en el marco de una lógica de mercado.

En cambio si vemos a la salud como un derecho de la población en general, aun cuando sepamos que se necesitan distintos actores sociales para el cumplimiento de ese derecho, es el Estado sobre quien recae la máxima responsabilidad de proveer las condiciones básicas para el máximo desarrollo del nivel de vida de la población en general y de su salud en particular. Es decir, por sobre la atomización de los intereses de la sociedad civil y del mercado, es el Estado mediante sus políticas públicas, ya sea por acción, negligencia u omisión, el que tiene la competencia para regular, restringir o actuar sobre el conjunto social y sobre los factores determinantes de la salud.

Pero el camino está lleno de piedras en todos los niveles. Los factores de mayor peso que obstaculizan este abordaje integral de la salud, y por lo tanto nuestro acceso a este derecho son:

1. La burocracia administrativa que concibe y trata al usuario como un consumidor indefenso, sometiéndolo a diversas formas de abuso de poder propias de una lógica burocrática (coseguros, autorizaciones, demoras en el otorgamiento de turnos, dificultad en el acceso a la historia clínica por parte del paciente, etc.)
2. La formación ideológica y las prácticas de las instituciones médicas y de los profesionales que las componen, que no tratan con sujetos de derecho sino con pacientes-objetos concebidos como un conjunto de órganos, en una relación de poder vertical de completa subordinación donde la noción de salud integral y el concepto de promoción de la salud se encuentran por completo desvalorizados ante la logica de la especialización y la tecnificación.
3. La completa fragmentación del sistema de salud en un sistema privado de empresas de medicina prepaga, sistema de obras sociales nacionales y provinciales, y el sistema público de hospitales provinciales y municipales, que ofrecen servicios, sin conexión alguna, a subpoblaciones diferentes y con calidades de atención muy heterogéneas.
4. La dificultad para implementar políticas gubernamentales coordinadas, ya que la aplicación de las campañas diseñadas por el Ministerio de Salud de la Nación está delegada por ley en las Provincias, que adhieren a estas estratégias voluntariamente. La Salud en Argentina es federal y eso es muy conveniente para eludir responsabilidades.

Entonces, el derecho a la salud es imposible sin la intervención del Estado, pero esta intervención implicaría una serie de cambios mayores de difícil cumplimiento, por lo tanto las acciones para reclamar ese derecho se diluyen en un sinfin de procesos burocráticos preparados para eludir responsabilidades.

¿La Salud Para Todos es un mito? Quizás estemos hablando de una utopía. Pero no olvidemos que este sistema imperfecto nos cuesta el 8% del PBI. 

¿Cuales son las razones de esta incapacidad para modificar esta situación? Tal vez se puedan resumir en la siguiente anecdota: En un partido de golf le preguntaron a Carlos Menem porqué había mantenido al Dr. Alberto Maza tanto tiempo como Ministro de Salud, y su lacónica respuesta fue “porque es el único de los ministros que no me pedía plata”

Hasta que podamos imponer a la salud como una prioridad en la agenda política de nuestros gobernantes, nuestra única esperanza es este indicador aportado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA): 


En el año 2010, tomando una muestra de personas representativa de la población de 18 años y más, el 58,6% manifestó que no presentaba problemas de salud, el 22,6% señalaba padecer problemas de salud física, el 9,8% padecía malestares psicológicos y el 9% restante ambos problemas de salud.

Mantenerse Sano es posible, casi 6 de cada 10 personas lo logra sin ayuda de nadie.